Queda pendiente saber si concesionaria tiene juicio con el Estado

PROINVERSIÓN ASEGURA QUE CONTRATO DE INTEROCEÁNICA CUMPLE CON REQUISITOS

El director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo Díaz, aseguró la tarde del miércoles 24 que este organismo atendió y dio solución a las ocho observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno al contrato de concesión de la Carretera Interoceánica o Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, aunque dejó pendiente de comprobación la declaración jurada de una de las empresas concesionaria de no tener juicio pendiente con el Estado, lo que invalidaría su participación en la obra.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Javier Velásquez Quesquén (PAP), y por espacio de dos horas y cuarenta minutos, el funcionario explicó las características de la obra, del proceso de selección y del contrato suscrito para la ejecución de tres de los cinco tramos en que está dividida.

Cornejo Díaz respondió en detalle las recomendaciones -"no observaciones" según aclaró-, hechas por la Contraloría, las mismas que fueron detalladas también el día anterior, por el propio contralor Gerardo Matute, ante el mismo grupo de trabajo legislativo.

Dijo que la vía interoceánica comprende 2,585 kilómetros de longitud en la parte peruana, divididos en cinco tramos, de los cuales sólo el II (Urcos-Puente Inambari, de 30 km), el III (Iñapari-Inambari, de 403 km) y el IV (Puente Inambari-Azángaro, de 305 km), han sido entregados en concesión.

Los tramos I (Urcos-San Juan de Marcona, de 762 km) y V (Matarani-Azángaro-Ilo-Juliaca, de 813) se encuentran en proceso de selección de los concesionarios.

Los primeros, deberán estar concluidos en no más de 48 meses (cuatro años) a partir de la suscripción de los contratos, y el plazo de concesión será de 25 años prorrogables.

Dijo que no se trata de una obra de características especiales, porque además de encargarse de la construcción, el concesionario se obliga a mantener la obra y dar servicio al país, por lo que no tuvo necesidad de convocarse a licitación pública.

Además de constituirse en un eje de integración con Bolivia y Brasil, la vía promoverá el desarrollo socio económico de la región sur, que posee el 32% del territorio y el 18% de la población totales del país; permitirá extraer 40 millones de metros cúbicos de madera; aumentar la oferta exportable a más de 161 mil TM; atraer a más de un millón de personas, y atender la demanda de hospedaje de tres millones de personas.

Facilitará el incremento de los mercados de los centros metalúrgicos y mineros de Toquepala, Cuajo, Tintaya, San Rafael, Cerro Verde y Marcona; y fortalecer la producción industrial con la creación de nuevos mercados para la producción de cemento, explosivos y fertilizantes, entre otros beneficios.

Para la ejecución de la obra el Estado hará un pago anual por obras (PAO) que para los tres tramos será de 78 millones de dólares, previa re3cepción de las obras a conformidad del Estado peruano; y un pago anual por mantenimiento y operación (PAMO), previo cumplimiento de los estándares de servicio de la vía, establecidas en el contrato.

La presentación de los informes iniciales a la Contraloría General de la República (CGR), motivo que éste hiciera ocho observaciones, explicadas por el contralor Matute, y atendidas una a una por ProInversión.

Una de las primeras observaciones de la CGR señalaba que la fijación del PAMO desnaturalizaba la concesión, pero el pago fijo, según ProInversión, no es una excepción, sino la regla en este tipo de contratos.

ProInversión explicó también que está asegurado el pago de por PAO y PAMO en el período 207-2010, y que también ha quedado aclarado que el costo por kilómetro de vía sin asfaltar se encuentra "dentro del promedio de los costos históricos por km de carreteras de ProVías Nacional".

Respecto a las observaciones de la CGR por los riesgos ambientales que acarrearía la ejecución de la vía, Cornejo explicó que aquellos no serían responsabilidad del concesionario sino de los organismos del Estado encargados de preservar el ambiente, evitar las migraciones y combatir la tala ilegal.

Al concluir su exposición, y en respuesta a las interrogantes de los congresistas Aurelio Pastor (PAP), Wílmer Rengifo y Eduardo Salhuana (PP); y los comentarios de Rafael Valencia-Dongo y del propio titular de la Comisión, Cornejo se refirió al caso de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente implicada en un juicio con el Estado.

El titular de ProInversión explicó que las empresas concesionarias de los tramos II y III cumplieron con el requisito de ptresentar sus respectivas declaraciones juradas de no estar involucradas en ningún juicio con el Estado.

No obstante, sólo se ha cuestionado a Odebrecht, quien ha sido denunciada aunque no tendrían abierto proceso, según lo ratificó y amplió en nuevas declaraciones juradas, y así lo estimó un estudio jurídico encargado por ProInversión.

Cornejo se comprometió a informar a la Comisión del resultado de la verificación en torno al asunto que ha encargado a un grupo de trabajo.

OFICINA DE PRENSA - CONGRESO DE LA REPÚBLICA (jvs)