PERÚ NO ACEPTARÍA ALLANAMIENTO PARCIAL DE FUJIMORI POR DELITOS QUE SE LE IMPUTAN

El gobierno peruano no aceptaría un eventual allanamiento parcial ante la justicia del prófugo extraditable Alberto Fujimori Fujimori, pues éste deberá responder por todos los delitos que le imputan y no sólo por algunos de ellos, aseguró el lunes 13 el ministro de Justicia, Alejandro Tudela Chopitea, ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Gustavo Pacheco Villar.

El representante del Ejecutivo hizo la tajante afirmación en respuesta a las versiones difundidas por sectores allegados al ex presidente, hoy detenido en Chile y con proceso abierto para su extradición a nuestro país, según las cuales se allanaría a ser sometido a la justicia peruana, pero sólo por la comisión de algunos delitos, a cambio que no sea juzgado por todos los que han motivado el pedido de su extradición.

Actualmente, el extraditable ex mandatario debe responder por doce delitos, que figuran en igual número de cuadernillos entregados a la justicia chilena, a los que se sumarán otros seis documentos por otros tantos delitos, entre los que figuran los de lesa humanidad, peculado, malversación de fondos y secuestro, entre los que destacan la matanza de los Barrios Altos, la muerte de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y el secuestro y tortura de Leonor La Rosa y su esposa Susana Higuchi, y otros.

Precisamente, la presencia del titular de Justicia ante la Comisión parlamentaria obedeció a una invitación que se le cursó para que explicara los alcances de la omisión detectada en el cuadernillo de extradición de la ex agente del Servicio de Inteligencia Nacional, en la que por un "error material", según lo reconoció, no figura el delito de secuestro.

En efecto, a raíz de una denuncia del congresista Heriberto Benítez -quien fuera defensor de Leonor La Rosa- se conoció que en la parte resolutiva de la resolución judicial que declara procedente el pedido de extradición por el 'caso La Rosa', se omite el delito de secuestro, y solo de consigna el de torturas.

La referida resolución está suscrita por el vocal supremo titular de la Primera Sala Penal Transitoria, Robinson Gonzales Campos, "quien está cuestionado por haber actuado en forma parcializada a favor de varios fujimoristas, por lo que me atrevo a pensar que no se trata de un error material, sino que se ha actuado con intencionalidad dolosa", aseguró el congresista Benítez.

El ministro anunció que solicitará una reunión con el presidente del Poder Judicial, Wálter Vásquez Vejarano, y el propio magistrado Robinson, para buscar una salida a la situación presentada; y lo propio hará con el abogado chileno contratado por el Estado peruano para conducir el proceso de extradición en el vecino país.

Sin embargo, Tudela afirmó que la referida omisión no perjudicaba el proceso de extradición, pero de todas maneras iniciará indagaciones para determinar el mejor a seguir para evitar cualquier eventualidad que pudiera favorecer el prófugo Fujimori, o se presente algún resquicio que pudiera perjudicar el proceso de extradición iniciado.

La omisión fue considerada "muy grave" por el congresista Pacheco Villar, ya que conforma al Código Penal, el delito de torturas es penado con 5 a 20 años de prisión, en tanto que por secuestro la pena es de un mínimo de 20 años.



Otros temas

La Comisión acordó, además, solicitar mayores informes al ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, en torno al supuesto incidente ocurrido en un hotel de Nueva York, con el embajador Javier Pérez de Cuéllar.

El incidente fue negado en un primer momento por la Cancillería, pero luego motivó la disculpa pública del Canciller, para al día siguiente ser difundido un documento que ponía en duda la honorabilidad del ex Secretario General de las Naciones Unidas cuando ocupó la cartera de RREE en el gobierno de transición de Valentín Paniagua.

"Algo anda mal en la Cancillería", dijo José Luis Delgado; a la vez que Pacheco expresaba su preocupación porque el hecho demuestra que "existe cierta turbulencia", al interior el Palacio de Torre Tagle, según sus palabras.

De otro lado, el canciller deberá informar también de las razones que lo llevaron a destituir a la cónsul honoraria del Perú en San Diego, al sur de California, después de que ella suscribiera un convenio con la Asociación de Exportadores (ADEX) y en momentos que estaba organizando una reunión de todos los cónsules honorarios de nuestro país en el exterior, con la finalidad de coordinar mecanismos para el posesionamiento de productos peruanos en los países donde cumplen sus funciones.

La denuncia fue presentada por Víctor Calle, presidente de Peruvian American Center y residente en Estados Unidos.

La decisión constituía un contrasentido, opinó Luis Santa María, porque no era posible destituir a funcionarios que no le cuestan nada al Estado y que hacen gestiones para favorecer nuestro comercio exterior. "Debieran ser felicitados, no destituidos", agregó.

Por último, la Comisión aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de Resolución legislativa que propone aprobar el acuerdo suscrito por el Gobierno para el establecimiento de la sede de la Oficina de Representación de la Cooperación Financiera Internacional del grupo del Banco Mundial en nuestro país.

La referida sede gozará de inmunidad e inviolabilidad, además de que no podrán ser embargados sus bienes, ni archivos, entre otros.

Lima, 13 de marzo de 2006